MANIFIESTO DE LOS IMPUTADOS EN EL JUICIO CONTRA EL MOVIMIENTO PRO AMNISTIA
El movimiento pro amnistia es la constatación de que en los últimos 30 años el Estado Español ha utilizado en Euskal Herria todos y cada uno de los métodos de violencia que ha tenido a su alcance, tanto en la represión directa del conflicto vasco como en la represión de cientos de luchas populares. Ni ha reparado en consideraciones éticas ni tampoco en gastos. Ha aplicado la violencia de estado de un modo brutal: Fusilamientos, cárceles de exterminio, guerra sucia, tribunales de excepción, tortura, represión brutal de movilizaciones populares, dispersión de presos, restricción de libertades públicas, prolongación arbitraria de condenas, ilegalizaciones, multas, palizas, montajes policiales. Dicha actuación represiva la ha dirigido contra trabajadores, estudiantes, presos, familiares de presos, cargos electos, parados y militantes abertzales. La consecuencia directa es la existencia de un colectivo de miles de represaliados políticos en nuestro pueblo. Hombres y mujeres que han sentido la represión en su persona o en su entorno familiar y de amistades. Eso y no otra cosa es el movimiento pro amnistia. Eso y no otra cosa es lo que quieren juzgar, condenar, prohibir y encarcelar en el juicio que, hoy día 21 de abril, empieza en la Audiencia Nacional.
El Gobierno español sabe que tiene un grave problema con el conjunto de represaliados que el mismo ha originado por décadas de represión. El Gobierno Español (y del mismo modo el Francés) tiene un grave problema porque reconocer políticamente la existencia de ese colectivo es reconocer el uso de la represión y es reconocer, por lo tanto, la necesidad de una salida democrática a esa situación. Por ello es vital negar la existencia de represalidos, por ello intenta incluso borrar todo atisbo de memoria ó realidad al respecto, retirando placas conmemorativas como en Zizurkil ó prohibiendo actos de recuerdo u homenaje a los represaliados. El Gobierno español sabe que en Euskal Herria no sólo se enfrenta a una demanda mayoritaria de autodeterminación y territorialidad, sino también de amnistia, de salida de fuerzas de ocupación y de restitución de derechos. Y precisamente para desnaturalizar lo primero es necesario esconder y acabar con lo segundo.
En esa lucha por la amnistia y la restitución democrática, llevamos tres décadas denunciando la actuación represiva de un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional, heredero de aquel tribunal franquista llamado TOP. Hoy día la demanda en Euskal Herria de cierre y fin de dicho tribunal es también mayoritaria en la sociedad vasca. Por eso no es ninguna sorpresa que ahora dicho tribunal trate de quitarnos de en medio. Es muy vieja esa táctica de los poderosos consistente en que el denunciado actúe contra el denunciante. Tan vieja como aquello de que Gernika fue quemada por los rojos en el 36. Porque parémonos a pensar cómo está montado este proceso contra el movimiento pro amnistia: Son las fuerzas policiales (Guardia Civil, Policía Española, Ertzaintza) que en toda Europa reciben el mayor número de denuncias por violación de derechos (tortura, cargas policiales, persecución, agresiones) las que realizan los informes acusatorios que luego son validados por un tribunal que, precisamente, es el tribunal que en toda europa mayor número de denuncias políticas recibe exigiendo su cierre.
Ante esta situación, y como método de denuncia de la naturaleza no democrática de este tribunal, queremos dar a conocer que renunciamos a ejercer todo tipo de defensa jurídica en el mismo. Es decir, renunciamos a defendernos en términos de juicio clásico. Nos negamos a aportar pruebas, a discutir informes, a realizar periciales y, en suma, a participar en una farsa judicial que otorgue algún tipo de credibilidad democrática a dicho tribunal. Ni estamos dispuestos a plantear defensa colectiva de los 27 imputados, ni defensa de los organismos políticos a los que pertenecemos, ni defensa de los derechos civiles y políticos que nos asisten, porque precisamente esos derechos no pueden ser negociables ni fiscalizables. No reconocemos a dicho tribunal de excepción ninguna legitimidad para ello. Pero a lo que nunca vamos a renunciar es a la propia denuncia política de la represión, ni en Euskal Herria a pie de calle ni cuando estemos, como ahora, frente a un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional. Tenemos la responsabilidad política de recordar a Euskal Herria y de mostar al propio Estado lo que han sido 30 años de represión, imposición e impunidad por parte de los poderes político y judicial españoles hacia nuestro pueblo. La batalla ideológica y política en este juicio no es la legalidad del movimiento pro amnistia sinola ilegalidad de la represión. Quieren hacer invisible la represión, quieren total impunidad para seguir reprimiendo otros 30 años. Los miles de represaliados de este pueblo seremos los primeros en no permitirlo.
Madrilen, 2008ko Apirilaren 21ean.
27 auziperatuak.














